“Esta aventura del STJ acarreará planteos de inconstitucionalidad”

NORTE de Corrientes consultó a doctor Jorge Buompadre sobre el Procedimiento en casos de Flagrancia.

Su respuesta: “El problema que, a mi juicio, se presentará en estos casos, reside en determinar si el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tiene facultades para resolver la instauración de un procedimiento para ciertos institutos, como la ‘flagrancia delictiva’ que ya está regulada en los artículos 286 a 288 del Código Procesal Penal de la provincia. En mi opinión, carece de estas facultades, pues una cosa es, ciertamente, dictar por ejemplo un reglamento interno o directivas en materia de gestión, administración del presupuesto, nombramiento de empleados, etcétera, y otra muy distinta sancionar una norma que introduce modificaciones o innovaciones a un procedimiento penal ya regulado en una ley provincial (Ley 2.945, Código Procesal Penal), lo cual es competencia exclusiva del Poder Legislativo.

Me parece que lo que ha hecho el STJ con la sanción de este ‘Reglamento’ -que, en rigor de verdad, no es otra cosa que una denominación meramente eufemística, pues se trata de una verdadera (si bien encubierta) modificación del Código Procesal Penal de la provincia, que ya tiene legislado un sistema de enjuiciamiento penal específico para los delitos (en flagrancia o no) cometidos en todo el territorio provincial-, es, simple y llanamente, violar los artículos 1, 18 y 122 de la Constitución Nacional y artículo 1 de la Constitución Provincial (forma republicana de gobierno).

La cuestión es más sencilla de lo que parece, si se llega a entender que, como la ‘flagrancia’ implica siempre una restricción de la libertad personal, se requiere de una ‘ley previa’ que así lo establezca (artículo 18 de la Constitución Nacional; artículo 7 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos). Todas las provincias que han implementado un procedimiento de estas características, lo han hecho a través de la sanción de una ley, no de ‘normas prácticas’ previstas en las reglamentaciones internas, por ejemplo la Ley 27.272, que modifica disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación; Ley 13.260 (Buenos Aires); Ley 7.692 (Mendoza); Ley 13.472 (Santa Fe); Ley 5.425 (Catamarca); Ley 4.452 (Misiones), etcétera.

Los planteos de inconstitucionalidad que seguramente acarreará esta nueva aventura del Superior Tribunal de Justicia, harán que el procedimiento en flagrancia se convierta en un procedimiento común, con sus defectos e imperfecciones, con sus dilaciones y atrasos interminables, etcétera, y los jueces y fiscales sigan haciendo de las suyas e investigando ambos en clara violación de normas constitucionales y convencionales, pues ese es el escenario actual de nuestra administración de justicia: jueces y fiscales investigando, al mismo tiempo, los hechos delictivos, lo cual implica un grave apartamiento de las reglas y principios que ellos mismos han puesto como fundamento y justificación del Reglamento del procedimiento en flagrancia.

Para decirlo con otras palabras, se habla con la boca y se borra con el codo, pues se disfraza un procedimiento con principios del proceso acusatorio (que es el tipo de procedimiento penal que exigen la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de DD.HH.) cuando en Corrientes aún sigue en vigencia un procedimiento mixto inquisitivo, en el que los jueces hacen las veces de fiscales, las dos funciones al mismo tiempo: acusan, recolectan pruebas, resuelven y juzgan.

El principal peligro que se presenta si se legitima este tipo de procedimientos que se regulan al margen de las normas constitucionales, reside en que -en un futuro cercano- podríamos estar frente a otra ocurrencia del STJ, en una intentona, por ejemplo de reglamentar la prisión preventiva, el régimen de excarcelación o de la prueba, el régimen de competencias, etcétera, con el justificativo de que semejante facultad está regulada en el Reglamento Interno de Administración de Justicia o en algún otro reglamento interno. Es un peligro latente, con las fauces abiertas para tragarse los principios de legalidad y de seguridad jurídica”.s